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En el Programa de Estocolmo «Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano», adoptado en 2010, el Consejo Europeo invitó a las instituciones de la UE a «aprovechar plenamente la pericia de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y consultar, en su caso, a la Agencia, con arreglo a su mandato, en lo relativo al desarrollo de políticas y disposiciones normativas que tengan repercusiones en los derechos fundamentales». Este llamamiento también se ha reforzado en las Orientaciones estratégicas en el espacio de libertad, seguridad y justicia, de junio de 2015, en las que el Consejo Europeo invitaba a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a «movilizar los conocimientos especializados de las agencias pertinentes de la UE, entre ellas la FRA».
La FRA puede facilitar dictámenes y conclusiones a las instituciones de la UE y los Estados miembros sobre temas específicos. Por otra parte, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión pueden solicitar a la Agencia que emita dictámenes sobre propuestas legislativas de la UE «en lo que atañe a su compatibilidad con los derechos fundamentales». Esta tarea específica contribuye al objetivo general de la FRA de ayudar a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a respetar plenamente los derechos fundamentales.
La FRA mantiene vínculos especialmente estrechos con:
